El Derecho privado ante los retos de la Agenda 2030

  • Dirs.: Javier Martínez Calvo, Mª Jesús Sánchez Cano.
  • Coord. Romina Santillán Santa Cruz
  • Editorial: Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2022
  • Año: 2022
  • Número de páginas: 576
  • ISBN: 978-84-1125-457-1

Sinopsis:

El Derecho privado ante los retos de la Agenda 2030 es una obra que recoge buena parte de las aportaciones presentadas en el Congreso Internacional: Retos del Derecho privado y Agenda 2030, que se celebró los pasados días 15 y 16 de junio de 2022 y en el que se trataron los principales retos que se plantean actualmente en materia de Derecho privado.

En particular, se aborda la protección de dos colectivos especialmente vulnerables, como son los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual, tratando cuestiones relativas a la reproducción asistida, el interés superior del menor, la autonomía de las personas con discapacidad o la posible adopción de medidas voluntarias en previsión de una eventual discapacidad futura y otras cuestiones de interés en relación con los ODS de la Agenda 2030. Todo ello desde una visión comparada entre los ordenamientos jurídicos español e italiano.

Nos encontramos ante una obra de carácter multidisciplinar, en la que intervienen autores nacionales y extranjeros, todos ellos expertos de reconocida competencia en materias de Derecho civil y de Derecho Internacional Privado, y que pretende dar respuesta a algunos de los desafíos que han surgido en la sociedad globalizada del siglo XXI, en la cual el fenómeno de la mundialización dota de nuevas características a las relaciones privadas, que cada vez son más numerosas y complejas.

Ello encaja con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha trazado 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, al mismo tiempo que constituyen un llamamiento universal a la acción para mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Esta relación se hace todavía más patente en la escena del Derecho si se atiende a que, entre los propósitos de la Agenda 2030, se encuentra precisamente el de fortalecer el acceso a la justicia. Nos encontramos, por tanto, ante el reto de adaptar las estructuras jurídicas tradicionales a las necesidades que suscitan las nuevas realidades sociales.